El desarrollo de los Portales Legislativos, requiere del analisis de aspectos específicos relacionados con su usabilidad y diseño, manteniendo siempre en mente a sus usuarios finales: El Ciudadano y el Legislador.
Los servicios y productos que el Ciudadano busca en un portal legislativo, no solo tienen que ver con el suministro de informacion, muchas de las acciones que el ciudadano realiza en su interacción con estos portales tienen total correspondencia con deberes, derechos, garantías, principios constitucionales y el ejercicio de los mismos, para ello hacer uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), de manera que sirvan de plataforma a las fuerzas representadas en en el ámbito legislativo, tiene mucho sentido debido a las conocidas capacidades de las TIC para favorecer la comunicación, para dar a conocer a la población el desempeño de sus actividades en el cumplimiento de la misión encomendada por sus electores la cual es, con base en el análisis, el diálogo y la concertación, elaborar, debatir y aprobar las normas legales que el país vaya requiriendo para su desarrollo y gobernabilidad; y que aseguren el apropiado y transparente manejo de los recursos públicos y la responsabilidad de los funcionarios frente a la ciudadanía en el cumplimiento de sus funciones de legislación, representación y fiscalización.
De esta manera definiremos las principales funciones de los Parlamentarios como:
Es el proceso de am
pliación y/o modificación de leyes, reglamentos y hasta de la constitución, lo que comprende las actividades relacionadas con el proceso de proposición, formación y aprobación de la ley.
La ley es el producto que surge de un proceso de análisis, redacción, debate, negociación y aprobación de un proyecto de ley presentado en el seno del Poder Legislativo, de acuerdo a los procedimientos establecidos para ello. Es el instrumento político-legal por el cual los miembros del Poder Legislativo, responden a los requerimientos, necesidades, intereses y valores de la ciudadanía. El proceso de construcción o formulación de la ley es una de las instancias en la cual el legislador puede concretar su función de representación; y es a través del legislador (representante), del mencionado proceso y de la legislación resultante, que los ciudadanos pueden dar a conocer sus demandas y ver sus opiniones, intereses y valores reflejados, es aquí donde los ciudadanos tienen la oportunidad de compartir su criterio acerca de temas cuyas consecuencias van a afectar –positiva o negativamente- a toda la nación.
En este proceso de formulación de la ley, la posibilidad del uso de las TIC juega un papel significativo: primero, como herramienta para mejorar la preparación y aprobación del proyecto de ley; y segundo, abriendo oportunidades para que el ciudadano pueda materializar sus expectativas y necesidades, mediante la exposición de ideas a los legisladores que posteriormente puedan incluirse en los procesos de legislación.
Adicionalmente, las TIC permiten acceso rápido a información y a todo tipo de análisis comparativos rigurosos, válidos y sólidos; o en síntesis, la calidad de los proyectos de ley desde la concepción de los mismos, hasta su aprobación, pues éstos deben tener una consideración de todas las variables influyentes en la norma, de manera que su aplicabilidad sea justa, certera y eficiente. La tecnología en este campo puede apoyar los procesos, permitiendo que todos los interesados tengan acceso a fuentes de información técnica de gran calidad y a herramientas y aplicaciones especializadas, tal y como es el caso de GLIN (Global Legal Information Network) que es una base de datos publica que contiene textos oficiales de leyes, reglamentos, decisiones judiciales y otras fuentes legales complementarias, todo ello aportado por organismos gubernamentales y organizaciones internacionales.
Una de la
s principales funciones de todo legislador electo democráticamente, es representar los intereses y valores de la ciudadanía que lo eligió, en el proceso de análisis, formulación, discusión y aprobación de propuestas de Ley. Las TIC pueden contribuir al ejercicio y fortalecimiento de esa función, abriendo y ampliando canales de diálogo e interacción entre el legislador y la ciudadanía, y contribuyendo así a que el proceso de representación se efectúe con una mayor transparencia y participación ciudadana, y con un responsable de petición y redición de cuentas (accountability).
Esta representacion se refiere a las actividades que relacionan al Diputado con los ciudadanos que lo eligieron, dentro de esta función, se identifica como una actividad primordial la de educación al ciudadano, difundir los conceptos de la gestión parlamentaria: democracia y gobernabilidad, con el fin de impulsar la participación ciudadana y obtener sus opiniones respecto de los nuevos proyectos de ley a ser discutidos.
La representación ciudadana, aún cuándo ya es un tema que se incorpora frecuentemente en los parlamentos, continúa siendo un tema con alto desconocimiento tanto al interior de la Asamblea Nacional como de la ciudadanía misma, sin embargo, durante la última década, a nivel mundial se ha ido modificando la concepción de un Estado vertical, impositivo, excluyente e intolerante, hacia la percepción de un Estado más flexible, horizontal e incluyente que le imprime un verdadero giro a las relaciones tradicionales entre los que representan a la ciudadanía y los representados.
Esto ha sentado las bases para la gobernabilidad democrática, que se caracteriza por respuestas mucho más inclusivas, negociadas y consensuadas, que apuntan a una mayor fluidez entre las demandas que la sociedad plantea y exige, y las respuestas que las instituciones procesan y resuelven.
Las lecciones aprendidas muestran diversas formas y metodologías para asegurar la participación de los ciudadanos en los procesos parlamentarios. Existen experiencias que favorecen la participación en la fase prelegislativa, otras en la etapa de negociación y concertación, la mayoría en la etapa propiamente de debate y dictamen y algunas pocas en las etapas de seguimiento y de eficacia de la ley. Todas, sin embargo, contribuyen a dar respuestas legislativas más negociadas, consensuadas y eficientes.
Sin embargo, la participación ciudadana en el accionar de los poderes legislativos necesita la infusión de nuevos métodos y sistemas novedosos para que la misma sea constante, efectiva y eficiente; implica la modernización hacia el interior del poder legislativo; la preparación y ajuste de procedimientos y normas que permitan hacer un seguimiento oportuno y eficiente y la utilización de sistemas de información que faciliten dicha interacción en forma automatizada, con tiempos de respuesta inmediatos hacia la ciudadanía y con indicadores internos de gestión que permitan constantemente utilizar dicha información para mejorar el accionar del parlamento mismo.
En esta fun
ción se dan básicamente dos aspectos que son independientes pero a su vez complementarias: La función de fiscalizar las acciones y gestión de los poderes del estado, y adicionalmente, la función de control de los actos políticos definidos bajo este concepto en la constitución y las leyes, para limitar y participar en un equilibrio de los poderes del estado.
El tema de fiscalización se refiere estrictamente a la facultad que se le otorga a los Parlamentos de aprobación y seguimiento del Presupuesto de la República. En este contexto, es indiscutible que los parlamentos deben de contar con un presupuesto especial y una serie de mecanismos tecnológicos y procedimientos modernos que facilite la labor de fiscalización acorde con el desarrollo, avance y entorno nacional en un mundo cada vez más globalizado.
En la batalla política que se libera anualmente alrededor de la aprobación del presupuesto nacional, existen, más allá de las comisiones respectivas, y asociados por mandato, entes responsables técnicamente de los procesos puntuales, y los que deberían ejercer una labor puntual en los procesos presupuestarios y aprobación de los mismos; sin embargo, como regla general, son organizaciones casi obsoletas, que no utilizan la tecnología y que indiscutiblemente no han sido objeto de un análisis profundo de sus necesidades de modernización por lo que pasan a ser casi desapercibidas, generando un vacío profundo y con implicaciones mayores en el ejercicio de la fiscalización y control presupuestario nacional.
Indiscutiblemente en el ciclo presupuestario nacional, tan importante como la aprobación del presupuesto mismo está la labor constante y cíclica de monitoreo que los poderes legislativos deben realizar durante los doce meses del año. Dicho accionar debería realizarse utilizando métodos y herramientas tecnológicas modernas, capaces de monitorear en forma selectiva, transparente y efectiva los desarrollos y avances presupuestarios nacionales; Desafortunadamente, la falta de modernización de los entes que realizan esta función y responden al poder legislativo es una constante ya que la mayoría operan con tecnologías obsoletas y muchas veces manuales para el monitoreo de la ejecución de miles de millones de dólares anuales de presupuesto nacional.
Lo anteriormente descrito relata el deber-ser de uno de los mas importantes Poderes Publicos de cualquier país, al hacer un diagnostico somero de la muchos Portales Legislativos a la luz de los lineamientos relativos al Contenido y Estructura de los Sitios Web Parlamentarios establecidos por la Unión Interparlamentaria (IPU) encontramos profundas deficiencias; por lo que el sitio web a diseñar debe estar llamado a subsanar estas deficiencias ofreciendo al ciudadano una plataforma que contribuya a lograr:
Eficiencia en el debate legislativo
Transparencia la gestión contralora
Participación en el debate político
La OEA a través del Campus Virtual del Instituto de Gestión Pública es el área del Instituto a través de la cual la OEA adelanta capacitación en línea en las Américas. Los cursos desarrollados en coordinación con áreas temáticas de la OEA, como es el caso de Gobierno Electrónico y Catastro, buscan ofrecer herramientas prácticas a los miles de funcionarios públicos de la región en el desarrollo e implementación de proyectos y políticas para el fortalecimiento de capacidades humanas e institucionales que aporten una gestión publica efectiva, al desarrollo y al mejoramiento de la gobernabilidad democrática.
